Comisión de Fiscalización del Congreso denuncia a 34 funcionarios de la Región Ucayali por graves casos de corrupción
PUCALLPA.- La Comisión de Fiscalización del Congreso, que preside el legislador José Vega Antonio (UPP), cerró con broche de oro la actividad legislativa del gobierno que cesa en sus funciones dentro de 26 días, acusando formalmente a 35 funcionarios del Gobierno Regional de Ucayali de graves y escandalosos actos de corrupción, entre los que destaca, por ejemplo, la escandalosa venta al precio de 0.01 centavos el metro cuadrado, de aproximadamente 10 mil hectáreas de tierras fértiles.
Los 35 funcionarios de la Región Ucayali forman parte de un total de 148 funcionarios de ocho gobiernos regionales y seis gobiernos municipales de las diferentes regiones acusados de diferentes actos de corrupción como arreglos bajo la mesa, léase coimas, destino ilegal de recursos provenientes del canon o malversación de fondos, obras fantasmas, licitaciones a dedo, en términos totalmente desfavorables al Estado, entre otras modalidades.
En este segundo numeroso grupo se encuentran igualmente otros escandalosos actos de corrupción, como es el caso de la Municipalidad Distrital de La Encañada, adscrita al Gobierno Regional de Cajamarca, que por concepto de canon minero recibe anualmente la suma de 180 millones de soles, y que increíblemente gastó cinco millones de soles en ejecutar la construcción de un centro educativo que apenas tiene 20 alumnos.
En este grupo se encuentra el gobierno regional de Madre de Dios, en el cual han sido investigados 20 funcionarios; en tanto, en el gobierno municipal de Tambopata hay 17. Le siguen los gobiernos regionales de Arequipa y de Moquegua con 16 funcionarios investigados cada uno, entre otros.
Los resultados de esta pesquisa, realizada en el curso de los dos últimos años se encuentran contenidos en el informe titulado: “Investigación sobre presuntas irregularidades en la gestión del Gobierno Regional de Ucayali”, de fecha 16 de junio de los corrientes, correspondiente al período anual de sesiones 2010- 1011, que ha sido elevado formalmente al presidente del Congreso, César Zumaeta Flores; al Fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, y Contralor General de la República, Fuad Khoury.
Los investigadores han solicitado a cada una de estas autoridades proceder a abrir investigaciones en sus niveles correspondientes y promover el levantamiento de los secretos bancarios de los 148 funcionarios encausados por la investigación, con la finalidad de garantizar que permanezcan en el país mientras duren las pesquisas, evitar que fuguen del país y reciban oportunamente las sanciones que prevé la ley penal.
La investigación ha abordado denuncias concretas referidas a actos de corrupción registrados en los ámbitos de los gobiernos regionales de Ucayali, Amazonas, Madre de Dios, Ayacucho, Junín, Arequipa y Moquegua; y de las municipalidades de Caravelí (Arequipa), Tambopata (Madre de Dios), La Encañada (Cajamarca), Huánuco, Paramonga, La Libertad y Huancavelica.
Por razones de espacio, en este informe abordaremos las acusaciones referidas principalmente al gobierno regional de Ucayali, concretamente a la primera y segunda actual gestión del presidente regional, Jorge Velásquez Portocarrero, sindicado como el principal responsable de la debacle moral regional, incluidos los enjuiciamientos de estos hechos, emitidos por los congresistas Rosa Florián Cedrón y Róger Nájar Kokally, integrantes de la Comisión de Fiscalización y otros críticos, como el ex presidente regional, Luis Huerto Milla.
La investigación, en el caso del gobierno regional de Ucayali, en efecto, ha puesto en la picota al propio presidente Velásquez Portocarrero y a su principal hombre de confianza, Wilder Seijas Valderrama, los que aparecen reiteradamente mencionados en los más de 10,000 folios que conforman el expediente de la pesquisa, que serían suficientes, según señala la congresista Rosa Florián, para empapelar varios kilómetros de la carretera amazónica Jorge Basadre.
Para el ex presidente regional, Luis Huerto Milla, el reelecto presidente regional, Jorge Velásquez Portocarrero, sería la pieza maestra del tinglado de corrupción que corroe al gobierno regional, conforme lo ha evaluado la comisión de fiscalización del Congreso, al precisar cuatro hechos gruesos de corrupción que deben ser pesquisados y sancionados.
El primero de ellos, advierte, es el caso de la entrega del barco-hospital de la Región Ucayali, valorizado en un millón de dólares, que prestaba servicios de salud a las poblaciones ribereñas nativas residentes a lo largo de los ríos de la región, que fue entregado a un supuesto propietario y que luego éste lo vendiera como chatarra.
“Este caso no puede archivarse como pretenden algunos”, subrayó al respecto el ex presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Ucayali, Rómulo Coronado Calderón.
Siguiendo el enjuiciamiento de Huerto, el segundo caso de corrupción, encuestado por la comisión de fiscalización, es la compra sobrevalorada de la maquinaria para el Proyecto Especial Carretera “Federico Basadre”, pero que a nivel de la fiscalía provincial local fue archivada “misteriosamente” por el fiscal de turno.
La tercera es la falsa compra de equipos y maquinaria para una planta de secado de café destinada a las comunidades nativas del Gran Pajonal. La supuesta transacción fue totalmente cancelada hace más de un año, sin embargo, la dichosa maquinaria nunca ingresó a los almacenes del gobierno regional. Empero, la operación figura en los papeles contables de la entidad responsable.
La cuarta, agrega, son las graves irregularidades en los procesos de licitación de obras, particularmente en los otorgamientos de las buena pro, de los cuáles hay que citar la construcción de la sede del Centro de Salud de Aguaytía, entregada al único postor presentado.
PUCALLPA.- La Comisión de Fiscalización del Congreso, que preside el legislador José Vega Antonio (UPP), cerró con broche de oro la actividad legislativa del gobierno que cesa en sus funciones dentro de 26 días, acusando formalmente a 35 funcionarios del Gobierno Regional de Ucayali de graves y escandalosos actos de corrupción, entre los que destaca, por ejemplo, la escandalosa venta al precio de 0.01 centavos el metro cuadrado, de aproximadamente 10 mil hectáreas de tierras fértiles.
Los 35 funcionarios de la Región Ucayali forman parte de un total de 148 funcionarios de ocho gobiernos regionales y seis gobiernos municipales de las diferentes regiones acusados de diferentes actos de corrupción como arreglos bajo la mesa, léase coimas, destino ilegal de recursos provenientes del canon o malversación de fondos, obras fantasmas, licitaciones a dedo, en términos totalmente desfavorables al Estado, entre otras modalidades.
En este segundo numeroso grupo se encuentran igualmente otros escandalosos actos de corrupción, como es el caso de la Municipalidad Distrital de La Encañada, adscrita al Gobierno Regional de Cajamarca, que por concepto de canon minero recibe anualmente la suma de 180 millones de soles, y que increíblemente gastó cinco millones de soles en ejecutar la construcción de un centro educativo que apenas tiene 20 alumnos.
En este grupo se encuentra el gobierno regional de Madre de Dios, en el cual han sido investigados 20 funcionarios; en tanto, en el gobierno municipal de Tambopata hay 17. Le siguen los gobiernos regionales de Arequipa y de Moquegua con 16 funcionarios investigados cada uno, entre otros.
Los resultados de esta pesquisa, realizada en el curso de los dos últimos años se encuentran contenidos en el informe titulado: “Investigación sobre presuntas irregularidades en la gestión del Gobierno Regional de Ucayali”, de fecha 16 de junio de los corrientes, correspondiente al período anual de sesiones 2010- 1011, que ha sido elevado formalmente al presidente del Congreso, César Zumaeta Flores; al Fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, y Contralor General de la República, Fuad Khoury.
Los investigadores han solicitado a cada una de estas autoridades proceder a abrir investigaciones en sus niveles correspondientes y promover el levantamiento de los secretos bancarios de los 148 funcionarios encausados por la investigación, con la finalidad de garantizar que permanezcan en el país mientras duren las pesquisas, evitar que fuguen del país y reciban oportunamente las sanciones que prevé la ley penal.
La investigación ha abordado denuncias concretas referidas a actos de corrupción registrados en los ámbitos de los gobiernos regionales de Ucayali, Amazonas, Madre de Dios, Ayacucho, Junín, Arequipa y Moquegua; y de las municipalidades de Caravelí (Arequipa), Tambopata (Madre de Dios), La Encañada (Cajamarca), Huánuco, Paramonga, La Libertad y Huancavelica.
Por razones de espacio, en este informe abordaremos las acusaciones referidas principalmente al gobierno regional de Ucayali, concretamente a la primera y segunda actual gestión del presidente regional, Jorge Velásquez Portocarrero, sindicado como el principal responsable de la debacle moral regional, incluidos los enjuiciamientos de estos hechos, emitidos por los congresistas Rosa Florián Cedrón y Róger Nájar Kokally, integrantes de la Comisión de Fiscalización y otros críticos, como el ex presidente regional, Luis Huerto Milla.
La investigación, en el caso del gobierno regional de Ucayali, en efecto, ha puesto en la picota al propio presidente Velásquez Portocarrero y a su principal hombre de confianza, Wilder Seijas Valderrama, los que aparecen reiteradamente mencionados en los más de 10,000 folios que conforman el expediente de la pesquisa, que serían suficientes, según señala la congresista Rosa Florián, para empapelar varios kilómetros de la carretera amazónica Jorge Basadre.
Para el ex presidente regional, Luis Huerto Milla, el reelecto presidente regional, Jorge Velásquez Portocarrero, sería la pieza maestra del tinglado de corrupción que corroe al gobierno regional, conforme lo ha evaluado la comisión de fiscalización del Congreso, al precisar cuatro hechos gruesos de corrupción que deben ser pesquisados y sancionados.
El primero de ellos, advierte, es el caso de la entrega del barco-hospital de la Región Ucayali, valorizado en un millón de dólares, que prestaba servicios de salud a las poblaciones ribereñas nativas residentes a lo largo de los ríos de la región, que fue entregado a un supuesto propietario y que luego éste lo vendiera como chatarra.
“Este caso no puede archivarse como pretenden algunos”, subrayó al respecto el ex presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Ucayali, Rómulo Coronado Calderón.
Siguiendo el enjuiciamiento de Huerto, el segundo caso de corrupción, encuestado por la comisión de fiscalización, es la compra sobrevalorada de la maquinaria para el Proyecto Especial Carretera “Federico Basadre”, pero que a nivel de la fiscalía provincial local fue archivada “misteriosamente” por el fiscal de turno.
La tercera es la falsa compra de equipos y maquinaria para una planta de secado de café destinada a las comunidades nativas del Gran Pajonal. La supuesta transacción fue totalmente cancelada hace más de un año, sin embargo, la dichosa maquinaria nunca ingresó a los almacenes del gobierno regional. Empero, la operación figura en los papeles contables de la entidad responsable.
La cuarta, agrega, son las graves irregularidades en los procesos de licitación de obras, particularmente en los otorgamientos de las buena pro, de los cuáles hay que citar la construcción de la sede del Centro de Salud de Aguaytía, entregada al único postor presentado.
